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stuff.co.nz.- El Frente Polisario, movimiento para la liberación del Sáhara Occidental, ingresó a la Corte Suprema de Nueva Zelanda para evitar que el Fondo de Jubilación de Nueva Zelanda invierta en el disputado territorio del norte de África ocupado por Marruecos.
El Frente Polisario advirtió que las inversiones dañan la reputación de Nueva Zelanda como miembro responsable de la comunidad mundial, pero el Fondo respondió que no acepta las acusaciones y defenderá el caso.
Polisario ha estado intentando durante años evitar la extracción de fosfato del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, ya que pertenece al pueblo saharaui.
Las compañías neozelandesas Ravensdown y Balance Agri-Nutrients importan alrededor de US $ 30 millones de en productos por año para ser utilizados en la agricultura.
El Frente Polisario está presionando a los administradores del Súper Fondo, que supervisa las inversiones globales por valor de $ 44.5 mil millones, para que dejen de invertir en la región.
El representante saharaui en Australia y Nueva Zelanda, Kamal Fadel, afirma que el Fondo está vinculado de dos maneras al territorio en disputa: tiene inversiones en granjas de Nueva Zelanda que usan fosfato e invierte a través de fondos indexados en compañías que operan en el Sahara Occidental
Hasta 2018, invirtió en la agencia estatal marroquí de fosfato OCP, pero desde entonces ha retirado su participación.
El Fondo tiene varias granjas en Waikato, Canterbury y Southland que usan fosfato del Sáhara Occidental suministrado por la compañía Ballance. Las operaciones agrícolas son administradas por FarmRight Limited.
Sin embargo, a través de los fondos indexados, también está expuesta la inversión en varias compañías que supuestamente respaldarán las operaciones de OCP en el Sáhara Occidental, desde un parque eólico hasta servicios bancarios. El total alcanzó los $ 142.3 millones en 2017.
Desde 2012, varios otros fondos similares han prohibido, por razones éticas, cualquier participación en empresas que extraen recursos de la región.
Estos incluyen el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, el National Employment Savings Trust (Reino Unido), APG (Países Bajos), AP Funds (Suecia), FDC (Luxemburgo) y BMO Global Asset Management.
Kamal Fadel
“El pueblo saharaui está decidido a proteger sus recursos naturales con todos los medios disponibles. Esta acción legal es un mensaje para todos los involucrados en la explotación de los recursos naturales saharauis de que se enfrentarán acciones legales, riesgos de reputación y la retirada de los inversores”, dijo. Fadel
En 2017, un barco con destino al puerto de Ballance, en Tauranga, con una carga de fosfato de $ 5 millones, fue incautado en Sudáfrica, donde un tribunal determinó que pertenecía legalmente al gobierno saharaui, no al OCP.
Marruecos invadió la región en 1975, cuando España se retiró como potencia ocupante, expulsando a muchos de los saharauis a campos de refugiados en el lado argelino de la frontera con el Sáhara Occidental.
La comunidad internacional ve el territorio como un territorio no autónomo bajo la autoridad administrativa legal de España y aún bajo la ocupación civil y militar marroquí de facto.
Un portavoz de la administración dijo que se tomó muy en serio sus obligaciones como inversionista responsable, a través de su “estructura de inversión responsable”.
Una revisión reciente de su práctica de inversión analizó si la estructura era consistente con “evitar dañar la reputación de Nueva Zelanda como miembro responsable de la comunidad mundial”.
Concluyó que los administradores estaban cumpliendo con sus obligaciones. En general, los gerentes recibieron una calificación AA excelente por su enfoque de gobernanza ambiental, social y de gobierno.
Los administradores dijeron que no era apropiado comentar más sobre el caso mientras estaban en la corte.
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