El PSOE apoyará negociaciones sobre el Sáhara Occidental en la ONU y en otros ámbitos y que MINURSO vigile DDHH

Propone un Alto Comisionado Europeo para los derechos fundamentales que armonice y supervise su protección en todos los Estados

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) –

La propuesta de ‘Programa común progresista’ presentada este martes por el PSOE incluye entre sus compromisos el “impulsar el reconocimiento del Estado Palestino por parte de los Estados miembros de la UE” y apoyar los procesos negociadores para encontrar una solución para el Sáhara Occidental.

Se trata de dos asuntos concretos que no figuraban en el documento “España Avanza” que el PSOE presentó a finales de julio pero sí en su programa electoral para las elecciones de abril.

Eso sí, en el caso del Sáhara Occidental, la nueva redacción habla de apoyar procesos negociadores “tanto en Naciones Unidas como en otros ámbitos” –no solamente en la ONU– “basados en el absoluto respeto a las obligaciones del derecho internacional”. También apuesta por que la Misión de la ONU en la ex colonia española (MINURSO) “amplíe su mandato a la vigilancia de derechos humanos”.

En lo relativo a Oriente Próximo, el reconocimiento del Estado Palestino fue una de las exigencias de Podemos a Pedro Sánchez para los Presupuestos de 2019, pero el Gobierno cree más eficaz impulsar ese reconocimiento por parte al menos un grupo considerable de Estados europeos.

Por lo demás, la propuesta de ‘Programa Común Progresista’ mantiene en que España se “acerque” al final de la legislatura al 0,5 por ciento de la Renta Nacional Bruta en Ayuda Oficial al Desarrollo y que el 10 por ciento de ésta se destine a ayuda humanitaria.

Renovar la Ley de Cooperación, reforzar la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) e incorporar la “educación para el desarrollo y para una ciudadanía global” son otras propuestas en este ámbito.

En cuanto a Iberoamérica, el documento no habla de países concretos sino que habla de “reforzar” lazos con los países de la región y promover la concertación en el seno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones para defender iniciativas conjuntas, especialmente en la ONU.

El capítulo del documento dedicado a “España abierta a Europa y al mundo” pone el foco principalmente en la UE y en las cuestiones de género, de no discriminación y de derechos fundamentales. En concreto, propone impulsar la creación de un Alto Comisionado Europeo para los derechos fundamentales que armonice y supervise la protección de éstos en todos los Estados.

Además, se propone impulsar la paridad en los espacios de representación, liderazgo y decisión, para que estén compuestos por al menos un 50 por ciento de mujeres y prestar atención a la presencia de personas de colectivos vulnerables. Quiere asimismo reforzar el enfoque de género en la acción exterior de la UE, especialmente en la cooperación.

También habla de medidas de igualdad de trato y contra todo tipo de discriminación, un marco legal que garantice los derechos de las personas LGTBI, el reconocimiento de familias diversas y el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones.

TRANSPARENCIA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES

Por otro lado, se propone fortalecer los programas destinados a los defensores de los derechos humanos y se compromete a trabajar para “mejorar la transparencia” de las negociaciones de los tratados comerciales de la UE con terceros países, así como de la participación de la Eurocámara y los Parlamentos nacionales en su negociación y en su seguimiento.

El objetivo, dice, es que estos tratados –que pueden ser un punto de fricción con Unidas Podemos– sean “herramientas para contribuir a una globalización más justa”.

En la misma línea, defiende profundizar “los estándares éticos” y de transparencia de las políticas de la UE, impulsar su papel activo en la “resolución pacífica y dialogada de los conflictos”, incluyendo apoyo político y financiero a los procesos de paz.

El documento mantiene propuestas que ya estaban en sus antecesores, como el ‘Green New Deal’ para la UE, el impuesto europeo sobre el CO2 en frontera, el fondo para la transición justa hacia la descarbonización, la culminación de la Unión Económica y Monetaria, el pilar social de la UE y el impuesto europeo “o de ámbito superior” para la economía digital.