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Publicado 13/02/2019 18:35:14CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) –

Izquierda Unida ha mostrado su «total rechazo» a la visita que los Reyes inician este miércoles a Marruecos, al considerar que este viaje supone «un esfuerzo más por blanquear a esa monarquía tiránica que gobierna al país vecino».

«Marruecos es un Estado autoritario que reprime con brutalidad cualquier forma de disidencia, además de ocupar el territorio saharaui desde hace casi 45 años», denuncia en un comunicado la organización liderada por Alberto Garzón.

En su texto, IU recuerda que «España es aún legalmente potencia administradora del Sáhara Occidental y, por tanto, tiene una responsabilidad directa con su descolonización». «Por ello, debe asumir su papel y trabajar por la libre determinación del pueblo saharaui, en línea con el Derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas», defienden.

«EL GOBIERNO RESPALDA LA OCUPACIÓN CRIMINAL»

«En un contexto de creciente represión, en lugar de exigir la liberación de los presos de Gdeim Izik y del resto de presos políticos saharauis, entendemos que esta visita ahonda en la política del Gobierno español de respaldar esta ocupación criminal», denuncian.

En este sentido, Izquierda Unida acusa al Rey y al Gobierno de Pedro Sánchez de posicionarse «como valedores internacionales de la monarquía marroquí, respaldando así la impresentable ocupación del Sáhara y la represión en sus territorios».

«Mientras España y otras potencias europeas trabajan para cerrar acuerdos millonarios con Marruecos que benefician a unas pocas empresas privadas, la población sufre precariedad, pobreza y la total ausencia de derechos civiles y políticos», señala esta formación», insisten.

Por todo ello, IU exige a las autoridades españolas que «den pasos decididos para garantizar de una vez la autodeterminación del pueblo saharaui, así como el cese de las detenciones y la represión contra activistas, movimientos sociales y organizaciones de izquierdas, tanto en los territorios saharauis ocupados como en Marruecos».

«Un jefe de Estado al que nadie ha votado no puede determinar nuestra política exterior en función de los intereses económicos de unos pocos. El Estado español no puede seguir evadiendo sus responsabilidades de acuerdo a la legislación internacional», concluye el comunicado.



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